Un grave error procesal cometido durante la tramitación de una causa judicial generó una fuerte polémica en la provincia de Santa Fe. Esteban Ramón Delgado, de 51 años, imputado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo contra sus dos hijas, recuperó la libertad el pasado 3 de julio debido a que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) no solicitó en tiempo y forma la prórroga de la prisión preventiva.
La excarcelación no respondió a una falta de pruebas ni a una absolución. La defensa del acusado advirtió que la medida cautelar había vencido y planteó el pedido de libertad durante una audiencia realizada en los tribunales provinciales de San Lorenzo. Ante esa situación, el juez Ariel Cattáneo resolvió hacer lugar al planteo al no existir un fundamento legal para mantener detenido al imputado.
Sin embargo, horas después de que el caso tomara estado público, Delgado fue nuevamente detenido por orden del fiscal Javier Paz, esta vez acusado de haber incumplido las reglas de conducta impuestas por el Juzgado de Familia de San Lorenzo.
Un expediente marcado por un error procesal
Delgado había sido imputado el 13 de diciembre de 2024 y, en un primer momento, la Justicia había fijado una prisión preventiva con vencimiento en diciembre de 2026.
No obstante, el 25 de agosto de 2025, la Cámara de Apelaciones de Rosario redujo ese plazo y estableció que la medida cautelar expiraría en junio de 2026. Para evitar su liberación era indispensable que la Fiscalía solicitara una prórroga antes del vencimiento, trámite que nunca fue presentado.
La investigación estuvo inicialmente a cargo del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, quien impulsó la imputación y sostuvo que Delgado abusó sexualmente de una de sus hijas entre los 10 y los 13 años y de la otra entre los 9 y los 13 años, en una cantidad indeterminada de ocasiones.
Sin embargo, el 1 de junio de 2026 la causa fue reasignada al fiscal Javier Paz como parte de una reorganización interna del Ministerio Público de la Acusación.
Tras conocerse la liberación del imputado, surgieron cuestionamientos sobre el traspaso del expediente y sobre quién debía controlar el vencimiento de la prisión preventiva.
La investigación interna
La Fiscalía Regional Segunda inició un relevamiento interno para determinar qué ocurrió durante la transición del expediente y por qué no se solicitó la extensión de la medida cautelar antes de su vencimiento.
Por su parte, la querella sostuvo que ambos funcionarios tenían obligaciones dentro del proceso: quien entregó el expediente debía advertir sobre la proximidad del vencimiento y quien asumió la causa debía verificar la situación procesal del imputado.
La preocupación de la familia
Cuando Delgado recuperó la libertad no tenía restricciones impuestas por la Justicia penal. La única medida vigente era una prohibición de acercamiento de 500 metros dictada previamente por el Juzgado de Familia.
Según la querella, el domicilio que constituyó tras salir de prisión se encontraba a unos 300 metros de la vivienda donde residen sus hijos.
El abogado querellante Gabriel Filippini afirmó que la situación fue consecuencia de "un claro error judicial" y sostuvo que las consecuencias de esa falla no pueden recaer sobre las víctimas.
Una causa atravesada por demoras
Las denuncias por abuso sexual fueron presentadas en 2022 por las dos hijas del imputado. A raíz de esos hechos, ambas dejaron de convivir con sus padres.
Sin embargo, la investigación avanzó recién después del asesinato de una de las jóvenes y Delgado fue detenido en diciembre de 2024, dos años después de la denuncia inicial.
La familia ya había cuestionado la demora en el avance de la causa y ahora volvió a manifestar su preocupación luego de que el acusado recuperara la libertad por una falla procesal.
El femicidio de una de las denunciantes
Una de las víctimas del presunto abuso fue S., de 20 años, quien fue asesinada en octubre de 2024.
La joven fue vista con vida por última vez el 30 de octubre, cuando salió de su casa en San Lorenzo. Su cuerpo fue hallado el 15 de noviembre dentro de un bolsón de materiales de construcción, envuelto en un aislante térmico, con las manos y los pies atados, en un camino rural de Ricardone, a unos 25 kilómetros de Rosario.
El preinforme de la autopsia determinó como causa probable de muerte una asfixia mecánica.
Por el femicidio fueron imputadas cinco personas. Según la hipótesis de la Fiscalía, dos de los acusados habrían concretado el crimen en un taller ubicado en Puerto General San Martín, mientras que otras tres personas enfrentan cargos por presunto encubrimiento agravado.
La investigación también analizó posibles vínculos del lugar con actividades delictivas, entre ellas la venta de drogas y eventuales maniobras relacionadas con la trata de personas, aunque esa línea de investigación continúa bajo análisis judicial.
