El fiscal Enrique Rojas negó haber cobrado sobornos para influir en causas judiciales y reconoció que realizó una operación crediticia con una firma vinculada al exlegislador Luis Brodersen. Su descargo se conoció después de su traslado desde Concepción a San Miguel de Tucumán, dispuesto mientras se investigan presuntas transferencias de dinero y posibles irregularidades en actuaciones judiciales.
Según informó LA GACETA, el ministro fiscal Edmundo Jiménez ordenó la reasignación del funcionario, una auditoría en la unidad que encabezaba y una investigación sobre las presuntas transacciones. Rojas estaba al frente de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana de Concepción y confirmó, en declaraciones recogidas por Vientos Tucumanos, que ahora cumple funciones en la Fiscalía de Cámara Conclusional N.º 3 de la Capital.
“Esto es una canallada”, expresó el fiscal, según publicó LA GACETA. Rojas sostuvo que las capturas de transferencias difundidas para vincularlo con supuestos pagos ilegales son falsas. También negó haber recibido los montos mencionados en las acusaciones. Su explicación fue que existió un crédito por una suma menor, cuya documentación, según afirmó, habría sido tergiversada.
El caso se inscribe en una disputa familiar. Brodersen denunció a su hijo y a la pareja de este por presuntas amenazas y extorsión para obtener un inmueble en Concepción. En ese contexto circularon capturas presentadas como supuestas transferencias a cuentas vinculadas con Rojas para influir en expedientes. Según la cobertura periodística, Jiménez encargó al fiscal Diego Hevia una auditoría y al fiscal regional Fernando Blanno la investigación de los presuntos movimientos de dinero.
Sobre su vínculo económico con Brodersen, Rojas explicó que solicitó un préstamo en junio para pagar una tarjeta, porque la tasa ofrecida le resultaba más conveniente que la bancaria. Sostuvo que la operación fue anterior a la denuncia familiar y rechazó que tuviera relación con su función. El exlegislador también defendió la legalidad del intercambio. Ambas explicaciones corresponden a las versiones de los involucrados.
Rojas afirmó, además, que recibió mensajes en su teléfono institucional para que se frenaran causas o allanamientos y que fue amenazado con escraches. Dijo que informó la situación a Blanno, pidió que se investigara y puso a disposición su teléfono y sus movimientos bancarios. Sobre la denuncia familiar, aseguró que fue derivada al fiscal Gerardo Salas y que no estaba a cargo de esa investigación.
Las fuentes consultadas dan cuenta del traslado, las averiguaciones y el descargo, pero no aportan una resolución judicial ni un peritaje que permita establecer si las transferencias denunciadas existieron o si las capturas fueron falsificadas.
