Productores tabacaleros del sur de Tucumán salieron públicamente a denunciar lo que consideran uno de los problemas más graves que atraviesa actualmente la actividad: la presunta existencia de “kilos fantasma” incorporados al circuito de comercialización mediante boletas que, según sostienen, no tendrían detrás una producción real de tabaco.
La acusación fue formulada por integrantes de Tabacaleros Unidos, que se concentraron en el cruce de las rutas 308 y 38, al sur de Juan Bautista Alberdi, y brindaron su testimonio a NOTICIASDELINTERIOR.SITE. Los manifestantes apuntaron contra presuntas irregularidades en algunos acopios y cuestionaron a organismos públicos y entidades gremiales por lo que consideran una falta de controles y denuncias formales.
“Estamos cansados de que nos roben porque esto es un robo, y nadie ha hecho ninguna denuncia”, sostuvo uno de los productores durante la protesta. La afirmación expresa la posición de los manifestantes y, hasta el momento, las acusaciones expuestas durante la concentración no fueron acreditadas mediante una resolución administrativa o judicial conocida por este medio.
Qué son las “boleteadas” que denuncian los productores
El núcleo de la denuncia está en lo que los tabacaleros denominan “boleteadas”. Según explicaron, se trataría de operaciones en las que quedarían registrados kilos de tabaco que presuntamente no fueron producidos o entregados efectivamente.
El mecanismo que describen es sencillo en su planteo, aunque su existencia deberá ser comprobada: un productor aparecería formalmente entregando determinada cantidad de tabaco a un acopio y esa operación quedaría asentada en la documentación correspondiente. El cuestionamiento surge cuando, según los denunciantes, la cantidad declarada sería incompatible con la superficie cultivada o con la producción que realmente habría obtenido ese productor.
“Claro, porque no puede ser que yo tenga dos hectáreas y figure con una cantidad que no puedo producir”, ejemplificaron durante el diálogo con NOTICIASDELINTERIOR.SITE.
Los productores aseguran que existirían casos en los que una hectárea aparecería asociada a entregas de 20.000 kilos o incluso cantidades superiores. Como referencia, los manifestantes señalaron rendimientos de entre 1.600 y 2.500 kilos por hectárea.
La existencia de diferencias de ese tipo, de comprobarse individualmente, podría constituir un indicio para investigar. Sin embargo, por sí sola no permite establecer que se haya cometido una maniobra irregular: para determinarlo sería necesario contrastar la superficie efectivamente implantada, rendimiento obtenido, documentación comercial, registros oficiales, ingreso físico del tabaco a cada acopio y posterior destino de la mercadería.
La cifra que encendió la polémica
Tabacaleros Unidos sostiene que en la campaña 2025/26 se habrían registrado algo más de ocho millones de kilos de tabaco en Tucumán y estima que alrededor de dos millones podrían corresponder a producción inexistente.
“Acá todos sabemos que son como dos millones de kilos fantasma”, aseguró uno de los manifestantes.
La cifra constituye, hasta ahora, una estimación de los denunciantes y no un dato que permita afirmar que efectivamente existieron dos millones de kilos ficticios.
Los productores fundamentan sus sospechas en que, según señalaron, Tucumán históricamente habría producido entre cinco y seis millones de kilos por campaña y consideran llamativo un crecimiento hasta superar los ocho millones.
Existe un antecedente oficial que permite dimensionar la producción provincial: en abril de 2022, la Secretaría de Producción de Tucumán informó que se habían registrado aproximadamente 6,3 millones de kilos durante aquella campaña.
Pero el volumen global tampoco alcanza para demostrar una irregularidad. La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) estimó mediante relevamiento satelital que durante la campaña 2025/26 fueron implantadas 4.160 hectáreas de tabaco en Tucumán, concentradas principalmente en La Cocha, Juan Bautista Alberdi y Graneros.
Por eso, determinar si existieron kilos ficticios exige un análisis mucho más preciso que comparar campañas: habría que establecer cuánto produjo cada explotación, cuánto entregó, qué documentación respaldó la operación y qué cantidad ingresó físicamente a los establecimientos de acopio.
Por qué las supuestas irregularidades podrían afectar al productor
El conflicto adquiere relevancia por la participación del Fondo Especial del Tabaco (FET) en los ingresos del sector.
La Ley Nacional 19.800 establece que el ingreso del productor se integra, entre otros componentes, por el precio pagado por el comprador en el acopio y el importe correspondiente al Fondo Especial del Tabaco. La misma normativa dispone mecanismos de distribución de los recursos entre las provincias productoras y establece que deben ser administrados y fiscalizados conforme al régimen vigente.
Ese es el punto sobre el que los manifestantes concentran su preocupación.
Sostienen que si dentro del sistema aparecieran kilos inexistentes cobrando recursos asociados a producción real, se produciría un perjuicio para quienes efectivamente sembraron, trabajaron y comercializaron tabaco.
“El perjudicado es el productor genuino que labora todos los días, el que hace el trabajo real”, afirmaron.
La Ley 25.465 establece además que los recursos correspondientes al FET se transfieren a las provincias productoras y contempla la fiscalización de su administración y de su efectiva aplicación a los destinos establecidos legalmente.
El reclamo central: abrir los acopios a una auditoría
Frente a las sospechas, Tabacaleros Unidos plantea una medida concreta: auditar los acopios.
Los productores quieren que se determine cuánto tabaco ingresó físicamente en cada establecimiento durante la campaña, cuánto salió, qué documentación respaldó cada movimiento y cuál fue el destino final de la mercadería.
“Ahí tienen que saber el tabaco que entra en el acopio y cómo sale, adónde llega y cuáles son los destinos”, reclamaron.
El pedido no apunta a una competencia inexistente. Información oficial de la Secretaría de Producción señala que el personal técnico de la División Tabaco tiene a su cargo tareas de fiscalización en las bocas de acopio. En documentación oficial sobre la campaña 2023/24, además, la Provincia estableció que el personal técnico de esa repartición debía estar presente en el establecimiento al momento de la venta para avalar la operación.
La Subsecretaría de Desarrollo Productivo también fue identificada oficialmente como autoridad provincial competente para el control y seguimiento de las tareas de acopio y para determinar los requisitos que deben reunir los establecimientos habilitados.
Los manifestantes cuestionan precisamente si esos mecanismos de fiscalización resultaron suficientes durante la última campaña.
También ponen bajo la lupa los fondos y los tiempos de pago
La protesta no se limita a las presuntas “boleteadas”. Los productores también cuestionaron el manejo y los tiempos de llegada de los recursos destinados al sector.
Aseguraron que existen fondos que, una vez llegados a la provincia, demoran meses en alcanzar al productor y pidieron que los recursos sean acreditados con mayor rapidez.
La Provincia informó oficialmente distintos desembolsos durante 2026. En abril comunicó un pago superior a $1.569 millones correspondiente al 70% del tabaco entregado durante marzo. En agosto anunció otros $2.000 millones en concepto de anticipos de la segunda y tercera grilla del FET para tabaco Burley, Criollo Argentino y Virginia de la campaña 2025/26.
Los manifestantes, sin embargo, sostienen que la discusión no se reduce a la existencia de esos desembolsos, sino al momento en que el dinero termina estando disponible para afrontar una nueva etapa productiva.
También cuestionaron el acceso al financiamiento. La Provincia anunció a fines de agosto una línea de crédito bancario equivalente a $400 por cada kilogramo de tabaco entregado durante la campaña 2025/26. Los productores concentrados señalaron que algunos trabajadores no habrían podido acceder por situaciones crediticias previas y sostienen que eso dejó a familias sin capital suficiente para iniciar las tareas de la nueva campaña.
“¿Esa persona cómo puede producir si no tiene un dinero para echar mano, pagar las labores, todo lo que se origina del tabaco?”, cuestionaron.
Fertilizantes: otra denuncia que piden investigar
Otro de los planteos apunta a los insumos entregados al sector.
Los manifestantes afirmaron que algunas bolsas de fertilizante que deberían contener 25 kilos habrían tenido, según sus propios controles, entre 12 y 14 kilos. También cuestionaron la composición del producto, su precio y las condiciones de adquisición.
Se trata nuevamente de una denuncia de los productores que requiere comprobación independiente.
Por ese motivo, reclaman que se revisen las compras y licitaciones, el peso efectivo de los productos distribuidos, su composición, los precios abonados y las cantidades adquiridas.
“Nos sentimos desamparados”
Más allá de las cifras, el denominador común de los testimonios fue la sensación de falta de representación.
“Nos sentimos desamparados de todo, del Gobierno y de todos los gremios”, resumió uno de los integrantes de Tabacaleros Unidos.
Los productores aseguran que plantearon previamente estas sospechas ante entidades del sector y organismos públicos, pero afirman que hasta el momento no conocen denuncias judiciales que permitan determinar si efectivamente existieron operaciones ficticias.
También dijeron haber entregado personalmente una carta al gobernador Osvaldo Jaldo solicitando su intervención y una reunión.
“Le hemos entregado una carta en la mano y hasta el momento no hemos tenido respuesta”, señalaron.
Una denuncia que ahora necesita documentos
La protesta en el sur tucumano deja planteadas preguntas que sólo pueden responderse mediante documentación y controles cruzados.
¿Cuántos kilos fueron efectivamente comercializados durante la campaña 2025/26? ¿Coinciden las entregas declaradas con la superficie y producción de cada establecimiento? ¿Todo el tabaco registrado ingresó físicamente a los acopios? ¿Qué controles se realizaron? ¿Existen diferencias entre los registros documentales y los movimientos reales de mercadería?
Los productores de Tabacaleros Unidos consideran que allí está la clave.
No alcanza, sin embargo, con la sospecha ni con una diferencia estadística global para concluir que existieron “dos millones de kilos fantasma”. Una investigación administrativa o judicial debería reconstruir el recorrido completo del tabaco: desde la finca y la georreferenciación de la superficie cultivada hasta la boleta, el ingreso al acopio, su posterior salida y el destino de la mercadería.
Ese es, finalmente, el reclamo que surgió desde el cruce de las rutas 308 y 38: que las sospechas dejen de circular únicamente entre productores y sean sometidas a una auditoría capaz de determinar si existieron irregularidades, quiénes participaron y qué impacto pudieron tener sobre los recursos destinados a los tabacaleros que efectivamente producen.
