La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de las universidades y ordenó al Gobierno nacional ejecutar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso.
El fallo establece que el Poder Ejecutivo no puede demorar la aplicación de una norma vigente y advierte sobre el impacto directo que la falta de actualización presupuestaria tiene en el sistema educativo.
Según datos incorporados en la causa, los salarios docentes acumulan una pérdida cercana al 30% frente a la inflación, lo que derivó en medidas de fuerza en todo el país, incluyendo paros, suspensión de actividades y protestas en universidades públicas.
En paralelo, el Gobierno impulsa una alternativa legislativa con aumentos menores, lo que profundiza la disputa política en torno al financiamiento del sistema universitario.
Uno de los puntos centrales del fallo es el costo fiscal: la Justicia señala que la implementación de la ley representa aproximadamente el 0,23% del PBI, relativizando el argumento oficial sobre su impacto en las cuentas públicas.
El conflicto, que ya se expresa en las calles y en las aulas, suma ahora un nuevo capítulo judicial.
La decisión coloca al Gobierno frente a una definición inmediata: cumplir con la ley sancionada por el Congreso o avanzar en su estrategia de modificación.
Mientras tanto, el sistema universitario continúa en estado de alerta, en un escenario de creciente tensión instituciona
