El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual se introducen modificaciones a la Ley de Migraciones N.º 25.871 para ampliar las causales de rechazo de ingreso y expulsión de ciudadanos extranjeros.
La decisión fue anunciada por la Oficina del Presidente, que la vinculó con las "recientes manifestaciones de hostilidad" contra la Argentina y los argentinos. En ese contexto, el Gobierno sostuvo que "la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable" y afirmó que "quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
Nuevas causales para impedir el ingreso
El DNU incorpora un nuevo inciso al artículo 29 de la Ley 25.871, que establece los motivos por los cuales un extranjero puede ser inadmitido al intentar ingresar al país.
A partir de la modificación, las autoridades podrán impedir el ingreso de personas que hayan emitido "mensajes de odio en forma oral o escrita" o que hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad.
La norma también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
Cancelación de la residencia y expulsión
El decreto también modifica el artículo 62 de la Ley de Migraciones para incorporar esas conductas como causales de cancelación de la residencia de extranjeros que ya se encuentren en territorio argentino.
En esos casos, la autoridad migratoria podrá disponer la pérdida de la residencia y ordenar que la persona abandone el país dentro de un plazo determinado o, directamente, resolver su expulsión.
El artículo 63 establece que, antes de adoptar esa medida, deberán considerarse las circunstancias fácticas y personales de cada caso.
El alcance de la medida
El texto del decreto aclara expresamente que las nuevas disposiciones no alcanzan a las expresiones de disenso ideológico ni a las críticas políticas, académicas o ciudadanas realizadas en el ejercicio de los derechos garantizados por la Constitución.
En los fundamentos, el Gobierno argumentó que en los últimos tiempos aumentaron "considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional", y sostuvo que esas conductas afectan la convivencia social y constituyen un motivo suficiente para revisar las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros en el país.
