La política de ajuste del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei avanzó con fuerza sobre el esquema de subsidios energéticos y dejó un nuevo escenario en el sistema de tarifas. Desde el inicio de la gestión, cerca de 3 millones de hogares dejaron de recibir asistencia estatal en luz y gas, en un proceso que permitió recortar más de US$5.600 millones del gasto y llevó a que casi la mitad de los usuarios pague hoy el costo pleno de la energía.
El recorte se explica tanto por la quita directa de subsidios como por una depuración del padrón de beneficiarios. En electricidad, el número de usuarios con asistencia bajó de 10,8 millones a 8,73 millones, mientras que en gas natural por redes la reducción fue de 5,64 millones a 4,78 millones. La tendencia consolidó un cambio estructural: por primera vez en años, la mayoría de los usuarios quedó fuera del esquema de ayuda estatal.
La estrategia oficial se apoyó en la revisión de registros, donde se detectaron irregularidades como beneficiarios en barrios cerrados, subsidios asignados a personas fallecidas y hogares que cumplían condiciones pero nunca habían solicitado el beneficio. En paralelo, el Gobierno eliminó la asistencia a comercios e industrias, una medida que generó preocupación en sectores productivos por el impacto en los costos.
Este proceso se enmarca en el objetivo de reducir el peso de los subsidios sobre la economía. En relación al PBI, el gasto pasó de niveles cercanos al 1,4% a alrededor del 0,6%, con la meta oficial de alcanzar el 0,5% durante 2026. La implementación del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados simplificó además la segmentación previa, dejando solo dos categorías: hogares con subsidio y sin subsidio, definidos por ingreso, patrimonio y consumo.
El ajuste tuvo un impacto más marcado en los sectores de ingresos medios, que en el esquema anterior accedían a subsidios parciales y que ahora, en muchos casos, quedaron excluidos. Al mismo tiempo, desde el Gobierno destacan una mejora en los niveles de pago del servicio: la cobrabilidad pasó del 48% al 97%, mientras que la mora cayó a niveles cercanos al 3%.
Con este rediseño, el sistema energético argentino entra en una nueva etapa, con menor intervención estatal y mayor peso de las tarifas en el bolsillo de los usuarios, en línea con la política económica de reducción del gasto que impulsa la actual administración.
