En una sesión marcada por la tensión política, los diputados tucumanos tuvieron un papel determinante en la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares: siete legisladores votaron a favor: Mariano Campero, Soledad Molinuevo, Gerardo Huesen, Federico Pelli, Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera, mientras que Carlos Cisneros se pronunció en contra y Pablo Yedlin estuvo ausente. Con ese respaldo mayoritario, el oficialismo logró avanzar con una de sus iniciativas más sensibles en materia ambiental.
La Cámara de Diputados de la Nación sancionó la modificación con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, tras más de 10 horas de debate. La jornada contó con la presencia en los palcos de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, en una señal del seguimiento directo del Gobierno sobre el tratamiento legislativo.
La nueva normativa introduce cambios sustanciales en el esquema de protección de los ecosistemas de alta montaña. Entre los puntos centrales, redefine el objeto de protección y otorga a las provincias mayor protagonismo para determinar qué áreas integran el Inventario Nacional de Glaciares. Bajo el argumento del dominio originario de los recursos naturales, las jurisdicciones podrán excluir zonas si consideran que no cumplen funciones hídricas relevantes.
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que la reforma busca eliminar “distorsiones” que, según su visión, obstaculizaban inversiones estratégicas, especialmente en sectores como la minería y los hidrocarburos. En ese marco, destacan que la descentralización permitirá agilizar decisiones vinculadas al desarrollo económico regional.
Sin embargo, el cambio generó fuertes cuestionamientos. Especialistas, científicos y organizaciones ambientalistas advierten que la modificación podría implicar un retroceso en la protección de reservas clave de agua dulce. En particular, señalan que delegar en las provincias la evaluación técnica podría debilitar los estándares actuales.
Durante la sesión, el oficialismo también impulsó una moción para votar en general y en particular en un solo acto, lo que aceleró la sanción pero generó críticas de la oposición. Este mecanismo fue clave para consolidar los números necesarios en un escenario legislativo ajustado.
En paralelo, el debate se trasladó a las calles, donde organizaciones sociales y ambientales se manifestaron en rechazo a la reforma. Hubo momentos de tensión en las inmediaciones del Congreso, con intervención de fuerzas de seguridad para despejar la zona.
En el plano judicial, distintas entidades ya anticiparon que avanzarán con una demanda para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Entre ellas se encuentran la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Greenpeace, que calificaron la reforma como un “retroceso” en materia ambiental.
El eje de la discusión ahora se trasladará a los tribunales, donde se pondrá a prueba la validez de los cambios frente a los principios constitucionales que garantizan el derecho a un ambiente sano. Mientras tanto, el Gobierno celebra haber consolidado una mayoría legislativa clave para avanzar con su agenda.
