Un análisis publicado por La Gaceta vuelve a instalar en la agenda una problemática histórica de Tucumán: pese a la construcción de obras hidráulicas clave como los diques Dique Escaba y Dique El Cadillal, la provincia continúa expuesta a ciclos recurrentes de inundaciones durante los meses de verano y sequías en invierno.
Ambos embalses, proyectados durante la primera mitad del siglo XX, surgieron como respuesta a una necesidad urgente: controlar las crecidas de los ríos y garantizar el riego para el desarrollo productivo. Ya en 1924, el entonces dirigente político, Ernesto Padilla, advertía sobre el impacto de los desbordes del río Marapa, cuyas aguas llegaban incluso a Santiago del Estero. Las obras, impulsadas durante décadas y finalmente concretadas, marcaron un hito en la infraestructura provincial.
Sin embargo, el paso del tiempo dejó en evidencia que aquellas soluciones estructurales no alcanzaron para resolver el problema de fondo. Según el análisis, una combinación de decisiones posteriores fue alterando el equilibrio hídrico: la construcción del embalse de Río Hondo, que modificó el escurrimiento natural del agua; la expansión agrícola con desmontes masivos; y la proliferación de canales sin planificación ni control estatal.
A esto se suma un patrón que especialistas vienen señalando desde hace años: la ausencia de políticas sostenidas. Distintos técnicos y académicos coinciden en que, desde fines de la década de 1960, predominan medidas coyunturales por sobre estrategias de largo plazo. La falta de mantenimiento en canales históricos, el crecimiento urbano desordenado y errores en obras recientes configuran un escenario de alta vulnerabilidad, incluso en el área metropolitana.
En paralelo, también se cuestiona la escasa aplicación de herramientas disponibles. Estudios hidrológicos, modelos predictivos y normativas vigentes como las leyes de ordenamiento territorial y de bosques nativos no han sido plenamente implementados. Este déficit, advierten, agrava los efectos del cambio climático y la dinámica natural de las cuencas.
En el plano político, el debate se mantiene abierto. Desde el oficialismo se insiste en la presencia del Estado, reflejada en medidas recientes como subsidios a familias afectadas por inundaciones y la reactivación de la Comisión Hídrica.
Incluso se plantea financiar obras con reasignación de partidas presupuestarias.
Pero desde sectores de la oposición advierten que la emergencia hídrica dejó de ser una situación excepcional para convertirse en una constante, señalando además que gran parte de los recursos de organismos clave se destinan a gastos corrientes, en detrimento de la inversión en infraestructura.
Las consecuencias de esta combinación de factores se reflejan en los episodios recientes: localidades como La Madrid volvieron a quedar bajo el agua y se registraron víctimas fatales en el área metropolitana.
Frente a este escenario, resurgen proyectos históricos que nunca se concretaron, como los diques Potrero del Clavillo y Potrero de las Tablas, mientras se insiste en la necesidad de una autoridad única del agua que coordine políticas integrales.
El diagnóstico no es nuevo, pero vuelve a cobrar fuerza tras cada evento extremo. La discusión, ahora, gira en torno a si las respuestas actuales alcanzarán para revertir una problemática estructural que atraviesa generaciones.
