Un relevamiento de opinión pública realizado por la consultora Zentrix encendió una señal de alerta para la administración de : el 66,6% de los argentinos considera que el denominado pacto “anticasta”, una de las principales banderas discursivas del oficialismo, se encuentra roto. El dato surge de la medición de abril del Monitor de Opinión Pública (MOP), basada en 1.559 casos relevados en las 24 jurisdicciones del país.
El informe detecta un cambio en el clima social respecto de la percepción sobre la corrupción. Lejos de tratarse de un fenómeno periférico, el 57,3% de los encuestados sostiene que existe corrupción generalizada en la gestión actual, mientras que el 60,2% interpreta las denuncias como parte de un problema estructural del gobierno.
En ese marco, la crítica no se limita a hechos puntuales, sino que comienza a erosionar el núcleo identitario que diferenció al oficialismo durante su llegada al poder.
Según el estudio, esta lectura impacta directamente sobre la legitimidad simbólica del proyecto libertario. La idea de confrontar con “la casta” —eje central del discurso de campaña— aparece hoy debilitada ante una porción mayoritaria de la sociedad que percibe una continuidad de prácticas que el propio gobierno había prometido erradicar.
El informe también revela un deterioro en la confianza respecto de la voluntad oficial para prevenir hechos de corrupción: el 66,6% considera que el Gobierno no está comprometido en ese sentido, frente a un 32,2% que le reconoce algún grado de intención. En paralelo, la aprobación presidencial se ubica en el 33,1%, consolidando una tendencia descendente en la evaluación de la gestión.
Este escenario se ve atravesado por el frente económico. El 81,6% de los consultados afirmó haber resignado consumos en los últimos seis meses para sostener su economía doméstica, mientras que el 86,6% considera que su salario no logra superar la inflación. A su vez, el 60,4% indicó que sus ingresos alcanzan solo hasta el día 20 de cada mes, reflejando una presión creciente sobre los hogares.
En ese contexto, la percepción sobre los indicadores oficiales también muestra señales de desgaste. El 70,3% de los encuestados considera que los datos de inflación difundidos por el no reflejan la evolución real de los precios, lo que marca una ampliación de la brecha entre las estadísticas públicas y la experiencia cotidiana.
De acuerdo con los analistas de la consultora, el efecto combinado entre las dificultades económicas y las denuncias por corrupción configura un escenario particularmente sensible: el ajuste deja de ser percibido como una política macroeconómica para convertirse en una experiencia concreta en la vida diaria, mientras que la pérdida de credibilidad impacta sobre la tolerancia social hacia esas medidas.
