La Legislatura de Tucumán avanza en el tratamiento de los proyectos de Ficha Limpia, en un debate que expone posturas contrapuestas sobre el momento en que deben aplicarse las inhabilitaciones para acceder a cargos públicos. La discusión, que se desarrolla en la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, gira principalmente en torno a si las restricciones deben regir desde una condena en primera instancia o recién cuando exista un fallo confirmado en segunda instancia.
Durante una extensa reunión, funcionarios y legisladores coincidieron en la necesidad de avanzar con una normativa que fortalezca la transparencia y recupere la confianza ciudadana, aunque no lograron unificar criterios en puntos clave. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, defendió el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, que establece la inhabilitación a partir de condenas en segunda instancia. Argumentó que este criterio brinda mayor seguridad jurídica y evita excluir a personas que aún pueden revertir su situación en instancias de revisión.
La iniciativa oficial contempla un amplio alcance de delitos: hechos de corrupción en la administración pública —como cohecho, malversación o enriquecimiento ilícito—, fraude contra el Estado, delitos económicos y financieros, narcotráfico y otros de alto impacto social, incluyendo aquellos contra la vida, la integridad sexual, la libertad y la seguridad pública. También incorpora a deudores alimentarios y a condenados con penas superiores a cinco años.
Además, el proyecto prevé la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia, de acceso abierto, con información actualizada sobre candidatos y funcionarios, y establece la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas. Como mecanismo de control, habilita la posibilidad de que ciudadanos y organizaciones impugnen postulaciones que no cumplan con los requisitos.
En contraposición, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse impulsa una postura más restrictiva, proponiendo que la inhabilitación se aplique desde la primera instancia en casos de delitos graves. Sostuvo que quienes aspiren a cargos públicos deben contar con una trayectoria “intachable”, y que una condena inicial ya implica un reproche suficiente desde el punto de vista ético para impedir una candidatura.
Desde la comisión, su presidenta Carolina Vargas Aignasse destacó que el debate continuará con la participación de especialistas en derecho constitucional y procesal, con el objetivo de arribar a un dictamen conjunto en las próximas semanas. No obstante, reconoció que, si bien se aclararon varios aspectos, también surgieron nuevas dudas que deberán resolverse antes de la sanción.
El proyecto de Ficha Limpia se posiciona así como una de las discusiones centrales en la agenda legislativa, atravesada por la tensión entre garantizar derechos individuales y responder a la creciente exigencia social de mayor transparencia en la función pública.
