La pobreza en Argentina se ubicó en el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, según informó el (Indec), marcando el nivel más bajo desde 2018 y consolidando una tendencia descendente a lo largo del último año. En paralelo, la indigencia se redujo al 6,3% de la población en los principales centros urbanos.
Proyectado al total del país, sobre una población estimada de 47,9 millones de habitantes, el indicador implica que aproximadamente 13,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza, mientras que cerca de 3 millones no logran cubrir la canasta básica alimentaria.
El dato refleja una caída significativa respecto al segundo semestre de 2024, cuando la pobreza alcanzaba el 38,1% y la indigencia el 8,2%. En términos intersemestrales, también se registró una mejora frente al primer semestre de 2025, que había cerrado con niveles de 31,6% y 6,9%, respectivamente.
Desde una perspectiva más amplia, la reducción adquiere mayor dimensión si se la compara con el pico registrado en el inicio de 2024, tras el ajuste macroeconómico aplicado por la administración de , cuando la pobreza había escalado al 52,9% y la indigencia al 18,1%. Desde entonces, la mejora acumulada alcanza una caída de 24,7 puntos porcentuales en pobreza y de 11,8 puntos en indigencia.
En términos absolutos, la mejora intersemestral del segundo tramo de 2025 implicó que 1,54 millones de personas salieran de la pobreza, mientras que unas 269 mil dejaron de ser indigentes, en línea con una recomposición gradual del ingreso real.
El Ministerio de Economía, encabezado por , atribuyó la mejora a una combinación de factores: la desaceleración inflacionaria, la recuperación de la actividad económica y la reconfiguración de la asistencia social mediante transferencias directas.
No obstante, hacia el cierre del año, el proceso enfrentó tensiones derivadas de la aceleración en el rubro alimentos y bebidas clave en la medición de las canastas básica, lo que introduce interrogantes sobre la sostenibilidad de la tendencia en el corto plazo.
Con estos números, el Gobierno logra mostrar una mejora relevante en los indicadores sociales respecto al inicio de la gestión, aunque el desafío estructural sigue siendo consolidar una recuperación sostenida del poder adquisitivo en un contexto de volatilidad de precios y heterogeneidad en la dinámica de ingresos.
